Las administraciones autonómicas y las corporaciones locales
deben a las organizaciones de iniciativa social de la discapacidad aglutinadas
en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) más de 230 millones de euros, sobre todo en concepto de ayudas y
subvenciones reconocidas y no abonadas, y en menor medida, deudas de carácter
comercial por la prestación de bienes, productos y servicios.
En comparación con el año 2011, en el que el Cermi hizo este
mismo cálculo, la deuda se ha incrementado en 75 millones de euros, lo que
evidencia que este grave problema de los impagos y los retrasos no solo no se
resuelve, sino que se intensifica con el paso de los meses.
De este volumen total de deuda, una parte muy importante
(casi 85 millones de euros) corresponde, según informó el Cermi, a ayudas y
subvenciones públicas a Centros Especiales de Empleo cuya titularidad es de
entidades no lucrativas del sector social de la discapacidad.
"Esta insostenible situación está poniendo en peligro
la estabilidad y la continuidad de cientos de dispositivos, recursos y
servicios de atención y promoción dirigidos a personas con discapacidad y sus
familias, deteriorando el bienestar de cientos de miles de personas que parten
de un grado de vulnerabilidad social considerable", señaló el comité en un
comunicado.
Para paliar este problema, reclama al Gobierno que habilite
un mecanismo extraordinario para abonar las deudas pendientes de las
administraciones territoriales con las organizaciones de tercer sector de
acción social, exclusivo para este tipo de entidades.
Fuente: Servimedia
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