lunes, 1 de agosto de 2011

FEAPS se muestra razonablemente satisfecha con la adaptación normativa a la Convención sobre derechos de las personas con discapacidad

FEAPS valora positivamente el esfuerzo del Gobierno en la adaptación de buena parte de la legislación española a la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. Un esfuerzo que se ha traducido en el Proyecto de Ley recientemente tramitado por nuestro Parlamento, y que supone importantes avances para las personas con discapacidad en ámbitos como la Salud, el Empleo, la relación con las administraciones públicas, la igualdad de oportunidades, el acceso a la función pública, o la accesibilidad. Todo ello modificando, en aspectos concretos, veinte leyes diferentes.
En este sentido, FEAPS se suma a la satisfacción mostrada por el colectivo de personas con discapacidad representado por el CERMI, y hace especial hincapié en la mejora que supondrá esta nueva norma en relación con la capacidad de decisión y de participación de las personas con discapacidad intelectual en aspectos tan importantes para su vida como los citados de la Salud, el Empleo o la relación con las administraciones. Muchos de estos aspectos van en línea a las ideas y propuestas planteadas por FEAPS en consenso con el resto de organizaciones de la discapacidad.
No obstante, para el coordinador de la Red de Juristas de FEAPS, aún cuando esta norma supone un avance legal importante, “debe ir acompañada de cambios en el espíritu interpretativo de los jueces y de las administraciones públicas”, con el fin de que –como dice la Misión de FEAPS–, pueda ser cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo la que, como ciudadana de pleno derecho, asuma las decisiones sobre todo aquello que afecta de manera importante a su propia vida.
Junto a ello, y de forma más concreta, Recover apunta algunos aspectos de mejora de esta norma, sobre los cuales FEAPS hará especial seguimiento. Por una parte, la norma deja sin adaptación el artículo 12 de la Convención, referido al reconocimiento de la capacidad jurídica y a la igualdad ante la Ley de las personas con discapacidad.
En el caso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo este artículo es especialmente importante debido a que está incidiendo directamente en los frecuentes casos de la incapacitación de algunas de estas personas. Los legisladores han sido conscientes de este importante déficit y en la última revisión del texto de la nueva ley ante el Senado, han incluido una Disposición Adicional que debería obligar al Gobierno a presentar una propuesta de  modificación del Código Civil y de la Ley procesal para adaptarlos a lo que establece este fundamental precepto de la Convención, cuyo contenido rompe con el esquema discriminatorio propio del derecho español que viene estableciendo que quienes tienen discapacidad intelectual carecen de capacidad jurídica para adoptar decisiones con trascendencia en dicho ámbito. Por tanto, para FEAPS supondría un déficit de derechos de estas personas el que este importante asunto no fuera contemplado en esta norma.
Por otra parte, en su artículo 19 (referido a la vida independiente y la inclusión en la comunidad) la Convención encaja perfectamente con la visión individualizada de los derechos que se recoge en la Misión de FEAPS. Sin embargo, la nueva norma carece de modificaciones que afecten sustancialmente al planteamiento actual sobre los apoyos y servicios del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que sigue manteniendo una visión excesivamente asistencialista y que presta poca atención a las necesidades concretas de cada persona.
FEAPS está formada por 891 entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de 106.700 personas con discapacidad intelectual, 235.000 familiares, 24.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias. Su Red de Juristas, de ámbito estatal, está formada por una serie de profesionales expertos en todas aquellas cuestiones jurídicas y generales que afectan a la promoción y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Es una red abierta a la colaboración con otras entidades o instituciones.

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